Una protesta gremial consistente en abrir los molinetes en los horarios pico y numerosos amparos judiciales fueron las reacciones que despertó, en su primer día de vigencia, el aumento del 127% de la tarifa del subterráneo porteño, resuelto por el gobierno de Mauricio Macri tras el traspaso del servicio de la Nación a la Ciudad.
Varias ONG y legisladores de la Ciudad presentaron ante la justicia pedidos de amparo para retrotraer el tarifazo hasta tanto se realice la audiencia pública establecida por la ley porteña 210, como requisito antes de cada incremento tarifario, axial como por la propia constitución local.
La protesta de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte fue encabezada por sus propios dirigentes que a partir de las 7 y hasta las 10, en su primer turno, y de 16 a 19 en un segundo turno abrieron lo molinetes permitiendo el viaje gratis de los pasajeros.
“Esto no es una huelga sino una medida de protesta contra un tarifazo y en solidaridad con los usuarios” proclamó el dirigente Néstor Segovia, delegado de la línea C, dando sentido a la medida contra el ajuste en el costo de viaje, que pasó de 1,10 pesos a 2,5.
La medida tuvo plena aplicación y masiva adhesión en las seis líneas del subte porteño y el Premetro y dio el marco a la presentación legal que realizaron varias ONG de consumidores y legisladores de la Ciudad.
Ante la jueza sorteada María Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo porteño, se presentaron la ONG Consumidores Libres, que encabeza el ex diputado socialista Héctor Polino; y los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Mariah Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form, entre otros, de los bloques Frente Popular Progresista y Nuevo Encuentro.
Con el patrocinio de la abogada Ana María Geirola, a esta presentación colectiva se sumaron también las ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (Acucc), así como el ex legislador Eduardo Epszteyn.
Los peticionantes demandaron tanto a la Ciudad de Buenos Aires “como titular, prestador, concedente y responsable del servicio” de subtes como a la concesionaria Metrovías para que a dejen sin efecto el incremento de la tarifa y mantengan el precio del boleto en 1,10 peso “hasta la existencia y/u ocurrencia de los recaudos legales que habiliten y faculten la pretendida modificación tarifaria del servicio público.
La presentación destacó que hasta el día de la fecha el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma no fue publicado en el boletín oficial y que el aumento sólo fue informado a través de la prensa “omitiendo que la demandada debe convocar y realizar previamente una audiencia pública a fin de que se analice la procedencia del ajuste tarifario".
“Solicitamos se dicte medida cautelar, cuya procedencia se desarrolla en el punto correspondiente, con carácter urgente, ordenando al G.C.B.A., mantener la tarifa vigente de transporte de subterráneos al 5 de enero de 2012, hasta que se resuelva en forma definitiva la presente acción, se realice la obligatoria audiencia pública y se emita el o los pertinentes actos administrativos donde se establezcan los respectivos cuadros tarifarios”, dice la petición.
También esta mañana, pero ante el también sorteado juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Fernando Enrique Juan Lima, se presentó la ONG "Ciudadanos Libres", que encabeza el abogado Alejandro Mangiocalda, con una petición de idéntico tenor.
A última hora de hoy, la jueza Liberatori aceptó abrir feria para tratar de manera urgente el reclamo pero lo derivó por conexidad a su colega Juan Lima, quien deberá resolver sobre una eventual suspensión del tarifazo.
Varias ONG y legisladores de la Ciudad presentaron ante la justicia pedidos de amparo para retrotraer el tarifazo hasta tanto se realice la audiencia pública establecida por la ley porteña 210, como requisito antes de cada incremento tarifario, axial como por la propia constitución local.
La protesta de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte fue encabezada por sus propios dirigentes que a partir de las 7 y hasta las 10, en su primer turno, y de 16 a 19 en un segundo turno abrieron lo molinetes permitiendo el viaje gratis de los pasajeros.
“Esto no es una huelga sino una medida de protesta contra un tarifazo y en solidaridad con los usuarios” proclamó el dirigente Néstor Segovia, delegado de la línea C, dando sentido a la medida contra el ajuste en el costo de viaje, que pasó de 1,10 pesos a 2,5.
La medida tuvo plena aplicación y masiva adhesión en las seis líneas del subte porteño y el Premetro y dio el marco a la presentación legal que realizaron varias ONG de consumidores y legisladores de la Ciudad.
Ante la jueza sorteada María Elena Liberatori, del fuero contencioso administrativo porteño, se presentaron la ONG Consumidores Libres, que encabeza el ex diputado socialista Héctor Polino; y los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, Mariah Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form, entre otros, de los bloques Frente Popular Progresista y Nuevo Encuentro.
Con el patrocinio de la abogada Ana María Geirola, a esta presentación colectiva se sumaron también las ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Asociación Coordinadora de Usuarios Consumidores y Contribuyentes (Acucc), así como el ex legislador Eduardo Epszteyn.
Los peticionantes demandaron tanto a la Ciudad de Buenos Aires “como titular, prestador, concedente y responsable del servicio” de subtes como a la concesionaria Metrovías para que a dejen sin efecto el incremento de la tarifa y mantengan el precio del boleto en 1,10 peso “hasta la existencia y/u ocurrencia de los recaudos legales que habiliten y faculten la pretendida modificación tarifaria del servicio público.
La presentación destacó que hasta el día de la fecha el decreto del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma no fue publicado en el boletín oficial y que el aumento sólo fue informado a través de la prensa “omitiendo que la demandada debe convocar y realizar previamente una audiencia pública a fin de que se analice la procedencia del ajuste tarifario".
“Solicitamos se dicte medida cautelar, cuya procedencia se desarrolla en el punto correspondiente, con carácter urgente, ordenando al G.C.B.A., mantener la tarifa vigente de transporte de subterráneos al 5 de enero de 2012, hasta que se resuelva en forma definitiva la presente acción, se realice la obligatoria audiencia pública y se emita el o los pertinentes actos administrativos donde se establezcan los respectivos cuadros tarifarios”, dice la petición.
También esta mañana, pero ante el también sorteado juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Fernando Enrique Juan Lima, se presentó la ONG "Ciudadanos Libres", que encabeza el abogado Alejandro Mangiocalda, con una petición de idéntico tenor.
A última hora de hoy, la jueza Liberatori aceptó abrir feria para tratar de manera urgente el reclamo pero lo derivó por conexidad a su colega Juan Lima, quien deberá resolver sobre una eventual suspensión del tarifazo.
